El tripartito de Valencia no sale de los juzgados

  • 05/02/2017
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Tras un último mandato del PP en Valencia marcado, de principio a fin, por los procesos en los juzgados, con la imputación por presunta corrupción de la alcaldesa Sonia Castedo como punta de lanza, los nuevos aires en el Ayuntamiento tampoco han disipado definitivamente los aromas a judicatura. Más bien, lo contrario. Si bien es cierto que el trasfondo de los asuntos judiciales ha disminuido en cuanto a su densidad -ya no se habla de corrupción política-, el tripartito se ha visto incapaz por el momento de desligar, de una vez por todas, la gestión política del Consistorio de la voz irrebatible de los jueces.Y es que desde el principio, casi con los primeros pasos del tripartito, la polémica judicial volvió al número 1 de la plaza del Ayuntamiento

. En este caso fue por unos mensajes publicados en redes sociales por Marisol Moreno, concejala de Guanyar, en los que injuriaba años atrás a la Corona. Finalmente, la Audiencia Nacional multó con 6.000 euros a la edil de Protección Animal por sus tuits contra el Rey, rebajando así la petición realizada por el ministerio público de diez meses de cárcel. Moreno, en el juicio celebrado hace más de un año, defendió su derecho a la libertad de expresión, a la vez que sostuvo que su denuncia obedecía a una persecución contra los nuevos políticos. Las polémicas de Moreno, con tribunales de por medio, no se acabaron ahí. Apenas un mes después de esa vista judicial, la concejala de Guanyar acusó al PP de celebrar sus juntas de Gobierno en un conocido club de alterne de Valencia.

El asunto, finalmente, no pasó del acto de conciliación en el que, con todo, no hubo acuerdo entre las partes. Moreno, eso sí, se disculpó con un comunicado y los populares optaron por apartarse de la vía judicial.El PP también fue responsable en la judicialización de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Valencia. Fue casi un mes después de que se empezaran a quitar las placas franquistas de las calles cuando una jueza paralizó el cambio de los nombres, exigiendo además que se restablecieran las denominaciones originales «a la mayor brevedad posible». Casi un mes después del auto del juzgado, el tripartito aún no ha empezado a reponer las placas de las calles y espacios franquistas que sustituyó con prisas y con errores en los nombres.

Mientras se decide a reponer placas como la de la «División Azul», el equipo de gobierno ha recurrido el auto al considerar que la jueza se excedió en las medidas cautelares y que concedió más de lo que el mismo PP había solicitado. El Ayuntamiento, además, ha reclamado una garantía de casi 20.000 euros a los populares en concepto de coste por el recambio de las placas apoyado por el icae y 3detres .El tripartito, y sobre todo desde Alcaldía al tener las competencias de Comercio, está también a la espera de la decisión del juzgado, que se espera que sea inminente, sobre la posible apertura provisional de los centros comerciales en domingos y festivos. El último paso lo dio el equipo de gobierno al reclamar hace apenas dos semanas nueve millones de euros a Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Valencia como garantía para indemnizar al pequeño comercio si finalmente «la sentencia se revoca» en instancias superiores. Por ahora, el juzgado reconoce el derecho de los centros comerciales no incluidos en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a abrir los domingos y festivos, una decisión recurrida por el Ayuntamiento ante la negativa de las grandes superficies a sumarse al acuerdo ofrecido por el alcalde Echávarri de permitir su apertura si aceptaban contratar a más trabajadores para propiciar la conciliación de la plantilla, como ya hizo el principal centro comercial de Maisonnave.También con Echávarri como protagonista, el horario de los conserjes de colegios apunta al juzgado. De hecho, el conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), ya ha pedido a la Abogacía de la Generalitat que recurra la jornada continua de los conserjes impuesta, por decreto, por el alcalde alicantino, que cuenta con el apoyo de los sindicatos y con la oposición de la comunidad educativa

.A título más personal, el regidor socialista también ha protagonizado en los últimos meses batallas judiciales, en ocasiones como denunciante y en otras como acusado. El primer caso se produjo tras una discusión en Twitter con una ciudadana que le acusó de llevar a sus hijos en coche oficial al colegio. La polémica acabó [parece que el recorrido judicial ha llegado ya a su fin] en un acto de conciliación, en el que no hubo acuerdo, y es que Echávarri reclamó a la tuitera 30.000 euros de indemnización, que reconociera que las acusaciones eran falsas y que admitiera que en ningún momento había visto a los menores subidos al coche oficial. Tampoco hubo acuerdo el pasado viernes en otro acto de conciliación, en este caso con Echávarri como denunciado y que presumiblemente proseguirá con la interposición de una querella por injurias.

Y es que la Asociación de Vecinos de Gran Vía Sur denunció al alcalde por vincular sus reivindicaciones contra los graneles en el puerto al cobro de subvenciones.Además de otras cuestiones relativas al tripartito que finalmente no han tenido mayor recorrido judicial, varias vinculadas a Urbanismo, el PP ya amenaza con abrir otro conflicto en los tribunales. Y todo porque, según denuncian los populares, el tripartito está «vulnerando el derecho a la información» por no facilitarles documentación solicitada.

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